Columna Tamara Duarte: El deber de fomentar la inclusión para las personas con discapacidad en Chile

• Académica del Departamento de Terapia Ocupacional UC, comparte un escrito en el marco del Día Mundial de la Discapacidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 16% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. En Chile, esta proporción es similar: al año 2022, el 17% de la población se encuentra en esta situación, según la Encuesta Nacional de Discapacidad III (ENDISC III), cifra que subraya que la discapacidad dista mucho de ser un caso aislado y es, en realidad, una realidad social que nos interpela a todos.

La discapacidad, desde la perspectiva del Modelo Social de Discapacidad, se define como el resultado de las restricciones en la participación que impone el entorno social y no por una deficiencia y/o condición (física, sensorial o mental). Es decir, la discapacidad se genera cuando las condiciones de la sociedad – tanto físicas como actitudinales- les excluyen.

Consciente de esta realidad, Chile ratificó en 2008 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un compromiso que garantiza que esta población pueda participar plenamente en todos los aspectos de la vida. En el país, este mandato se ha traducido en avances normativos significativos, como la Ley de Inclusión (Ley 20.422), la Ley de Inclusión Laboral (21.015) y la de Inclusión Educativa (20.845). Además, el reciente proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados se encuentra en sus últimas fases para convertirse en ley.

Sin embargo, esto no es suficiente. El contar con los mejores estándares para posibilitar el desarrollo de este grupo poblacional es un deber que como sociedad aún no logramos cumplir. Los datos del ENDISC III demuestran que las brechas en oportunidades y calidad de vida son importantes. Solo por indicar algunos datos:

· En educación, el 9,8% de la población adulta con discapacidad ha completado la educación superior, frente al 23,0% de la población sin discapacidad.

· En el ámbito laboral, el 28,1% de las personas con discapacidad está ocupada (trabajando), en comparación con el 60,4% de la población sin discapacidad.

· En el ámbito económico, la mediana del ingreso autónomo mensual de las personas con discapacidad es de $220.000, exactamente la mitad que la de las personas sin discapacidad, que alcanza los $440.000.

Estas y otras cifras son un claro indicador de que el compromiso adquirido no se agota en la generación de leyes y aún sigue latente. Si bien el rol del Estado es crucial para encauzar políticas públicas, todos tenemos una responsabilidad desde nuestros espacios cotidianos para derribar las barreras sociales y actitudinales.

Este 3 de diciembre, Naciones Unidas (ONU) conmemora el Día Internacional de la Discapacidad bajo el lema: “Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social”. Este llamado nos invita a reconocer que las personas con discapacidad son una parte esencial de nuestra sociedad, con mucho que aportar.

Abogar por el cumplimiento de sus derechos de participación social es un imperativo ético. En épocas de definiciones y especialmente de elecciones, es crucial mantener este tema en la agenda pública. Una sociedad que permite el desarrollo pleno y equitativo de toda su población, sin exclusiones ni barreras de ningún tipo, es, sin duda, una sociedad mejor. El desafío de la inclusión nos compete a todos.